Presos políticos con absolución

(John Baldessari, 'Fallen Easel', 1987)

Son comunes, no políticos, aunque el tipo de medidas de gracia que se les concederá es político, no común. Los presos son comunes por la naturaleza de sus delitos, el estado de derecho y el tiempo democrático en el que los cometieron. Las medidas serán políticas porque formarán parte de un proceso de resolución de conflictos públicos –conflicto inaugurado por la tregua de ETA- que es tarea principal de una política democrática.

El decreto de convocatoria de ETA al proceso de paz y su aceptación como punto de partida por parte del gobierno y partidos políticos aliados para la ocasión, persigue el reconocimiento de los presos de la banda como políticos.

Incluso en un impecable artículo de Antonio Elorza (El País, ayer) hay un traspiés al colarse la igualdad entre bandos (hay una sola banda): “(...) Por eso resulta doblemente siniestro hablar de ‘ni vencedores ni vencidos’, expresión al tiempo errónea y afrenta para las víctimas. Lo que en Euskadi puede y debe haber es una normalización de la vida democrática al desaparecer el terror. Hay una sola victoria, de todos y por el bien de todos, parafraseando a José Martí.” Dejando aparte la nota colonial y anacrónica de Martí, hay una sola victoria, pero no es de todos –porque igualaría la condición política y moral del bandido con la del agredido, el ciudadano- sino para todos, lo que implica la derrota del terrorista en sus objetivos políticos.

El camino hacia esa victoria es la gestión que la política –entendida como políticos y ciudadanos, no es asunto sólo de expertos- debe hacer ahora del conflicto que surge con la declaración de la tregua, no del conflicto civil que invoca ETA porque éste nunca ha existido (no hubo dos contendientes). La gestión de los conflictos que implica toda convivencia organizada y la solución de los problemas que los componen es función de la política, con una conclusión exigible en un proceso que se pretende permanente: garantizar que el terrorismo no se repita quitándole la esperanza. Es decir, no sólo negarle réditos políticos, sino erradicar cualquier popularidad suficiente con la actuación política necesaria para su desmantelamiento y amortización.

Cualquier medida de gracia –o reinserción acelerada- a unos terroristas que condicionan inaugurando un proceso político paralelo al democrático y legítimo, es una medida política que convalida a los presos como políticos. Si se toma, debe asumirse las consecuencias, políticas también. Sólo una concepción de la política como aceptación, debate y negociación de ‘todas’ las propuestas –en régimen de igualdad- más allá de la ley, puede excarcelar presos antes de tiempo. Precisamente por basarse en tal régimen de igualdad, por esa falta de jerarquía moral de orden público, tal política es incierta, cuando no nula.

Simultáneamente a su salida a la calle, se prepara ya la absolución moral de los presos tácitamente políticos con un proyecto de convivencia social incluido, según adelanta un cura conocedor de la negociación que ha llevado a la tregua, Joseba Segura, segundo del arzobispo Blázquez e introductor de otro cura, Alec Reid, como negociador directo. Dice Joseba el ‘absolutor’, a propósito de la distinción entre temas políticos y no políticos -¿humanos entonces?- en el proceso de paz (El País, hoy):

“Pregunta: ¿Qué le parece separar la negociación del Gobierno con ETA sobre los presos de los temas políticos para los partidos?
Respuesta de Joseba: El alto el fuego permanente ha sido posible sólo porque ETA ha aceptado la separación entre ambos temas. Finalmente, ha resultado ser una clave esencial para la normalización del País Vasco, pero para demostrar su eficacia ha sido necesario que ETA acepte esa distinción”.

(John Baldessari, «Hanging Man with Sunglasses», 1984)

Que ETA acepte esa distinción: el dictador excluye sus privilegios de la política para que le salgan gratis al conseguidor y así poder obtenerlos. Sólo tal separación permitiría vender políticamente la reinserción anticipada de los presos como una medida humana, humanitaria incluso –con su dosis de moral irrenunciable-. Pero no es separable, sobre todo si se es coherente con la pretensión histórica de ETA y sus cómplices –incluyendo la pasividad y comprensión de un sector de la izquierda, hoy gobernante- de que los presos eran políticos.

En ese territorio gelatinoso de confusión interesada radica el peligro de no saber o no querer reclamar para la política lo que es suyo y para el mercader del terrorismo sus pretendidas canonjías.