Mascarada, violencia y subversión

(Yinka Shonibare, ‘Un ballo in Maschera’)

Al cabo de 40 años de terrorismo nativo la política antiterrorista se parece cada vez más a ese paisaje de la Islandia central que describía W.H. Auden con ironía: “el pedregoso, el más pedregoso y el pedregoso del todo. Las piedras (...) no son lo bastante grandes para impresionarte, ni demasiado pequeñas para negociar con ellas. Ni son pintorescas, ni tienen la menor utilidad.” Como una lluvia ácida sobre roca porosa, dos fatalismos se han asentado en la costumbre del Estado:

1º) la hegemonía del nacionalismo vasco, fundada sobre una larga y áspera desigualdad de derechos de los ciudadanos en ese territorio y la clandestinidad tolerada que una mitad de ellos sufren tanto en la vida cotidiana como en la política, en el bar y la escuela como en las urnas.

2º) la expansión de ese nacionalismo hacia las competencias -tan residuales como de ejercicio vergonzante- del Estado en el País Vasco, con un status de independencia de facto como objetivo viable a medio plazo, y hacia la ocupación de territorios vecinos como Navarra y… el condado de Treviño.

Los atentados terroristas forman parte de ese paisaje y cuentan con su ritual de duelo, encabezado por editoriales y columnas periodísticas que rizan el luto, y con sus plazos y trámites de amortización. Gana el partido que tenga más reflejos y habilidad para recuperar la oferta política de las rebajas democráticas: vida a toda costa, Estado y muertos incluidos. El duelo se acorta cada vez más y se exportan los cadáveres por vía aérea sin hacerles funeral que pueda comprometer imágenes de gobernantes. El Estado se reúne alrededor del cadáver -anuncio de que el suyo será el próximo- como una familia numerosa y descastada, cuyos miembros se apresuran a recordarse mutuamente que nunca se ven más que en los entierros y a prometerse estar más unidos, con la íntima convicción del mentiroso que se despide hasta el próximo e indiferente muerto.

Pero el hastío de tantos años hace que los aspavientos y su ritmo durante el funeral simbólico también cambien: ahora se exige unánimemente que el adiós a las armas de ETA sea inicio y no final de ruta, que las cesiones del gobierno se limiten a beneficios penitenciarios y medidas de gracia, por este orden y contra ratificación de ese adiós por parte de los terroristas. Y se excluye cualquier precio político, excepto el que se viene pagando desde la restauración de la democracia, las letras por el pecado original de la dictadura. Pronto se aceptará que esas condiciones previas y concesiones tasadas sean simultáneas con la renuncia a la violencia, en un nuevo proceso tácito protagonizado por mediadores y adornado por mohines de soberbia de “los que saben y, por tanto, callan”.

(Orlan, serie African self-hybridation)

Es significativo observar cómo está ausente de cualquier análisis político o mediático el antiguo lugar natural –geográfico y cultural- de expansión del nacionalismo: el País Vasco francés. La política del país vecino ha sido la de encerrar entre dos férreos interrogantes –firmeza estatal y convicción social- el hipotético conflicto que le brindaba ETA. En cambio, nuestra respuesta es la gestión aplicada de una culpa indeleble, el mito de la opresión española hacia sus naciones irredentas, y se ha traducido en una generosa importación de pretensiones territoriales hacia nuestras propias regiones.

Si hemos dedicado 30 años de democracia al duelo de las víctimas y al quebranto del Estado, contemplados por los violentos y sus rentistas desde el palco de la impunidad, bien podemos destinar una temporada a reconstruir un Estado que deshaga la ilusión del derecho al ‘ámbito de decisión vasco’ y a la anexión de nuevos territorios y competencias. Un Estado que se reivindique contra la hipoteca de la dictadura, de gestión infame por partidos políticos carentes de proyecto. Un Estado visible y no oculto, que salga de su propia situación de excepción y la devuelva a quien la ha implantado: el nacionalismo vasco, violento o pacífico; que recupere su institución y costumbre de manos de ese valido en lugar de seguir desapareciendo por omisión. Cuando la subversión es categoría del Estado, los atentados son accidentes.

Toda política gubernamental contra el terrorismo debe ser una política de Estado, en la que la defensa del contrato social y la costumbre democrática se plasme en la recuperación de los derechos perdidos por una parte de su ciudadanía y el ataque a los derechos ilegítimamente conquistados por una minoría. Y la esgrima de esa política es la convicción ciudadana y cohesión social que sólo surgen cuando gobierno y partidos hacen que la sintamos como propia. Otra vez hay que recurrir a palabras ajenas pero cuyo acierto las hace propias y la oportunidad, de todos: "No son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos qué forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente como el Tiempo." (Cioran)