Ley incierta

Nos enseñaron que la ley es condición de ciudadanía, instrumento principal del Estado de derecho, estación término que zanja la discusión, sustituyendo volátiles pareceres por una referencia de objetividad, garantía de derechos y tabla de deberes. Y, sobre todo, interdicción (concepto ya de otros tiempos) de la arbitrariedad de los poderes públicos. En fin, un buen motivo para sentirse tranquilos como sujetos de derecho en una comunidad. Para sentirse libres del mayor de los absolutismos posibles, el que impide la contradicción al hacer igual toda palabra, el relativismo totalizador que hace equivaler todo pensamiento, palabra u obra que sucede en el terreno público.

(Rothko, Centro Blanco, 1950)

La ley cancelaba la incertidumbre propia de la negociación permanente entre grupos de poder y dejaba al ciudadano libre para sus cosas, es decir, con cierto margen para que fueran suyas. Acceso a la propiedad que, a su vez, reforzaba su libertad. La ley era también síntesis de un hecho complejo como la convivencia en sociedades avanzadas pero representado por objetos simples, los símbolos. Asunto fácil de entender y atender (su aplicación también era cierta), especialmente la regulación del uso público de esos símbolos: “La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución” (art. 1º Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas). A lo que se añadía que debe “ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado” (art. 3.1).

(Jasper Johns, Bandera, 1954-55) ¿Es una bandera o un cuadro? Es una mercancia.

También era norma (costumbre jurídica, asumida como conducta pública por el ciudadano) que la ley estuviera vigente hasta su derogación o modificación por otra del mismo o superior rango. Otra garantía obvia. Otro espacio dejado por lo público para dedicarnos a lo nuestro. Sin embargo, “la ley [de banderas] ha venido cayendo en desuso por la resistencia político-ideológica de los cargos públicos nacionalistas a su aplicación y por el descuido inercial de las autoridades municipales de los pequeños pueblos y ciudades” (Javier Pradera, “Banderas y camisetas”, El País, 23/09/2007). Así que la ley decaía por la hostilidad de unos y el descuido de otros, pero todos ellos nacionalistas y ediles de poca monta, chivos expiatorios de negligencias mayores. Como si fuera un dictamen de González Ruano, la ley puede consistir en ir perdiendo la costumbre de aplicarse (“la muerte puede consistir en ir perdiendo la costumbre de vivir”).

Quedaba entonces el gobierno como poder público vigilante de su aplicación, con la facultad de instar su cumplimiento. Ante la resistencia de regiones y ayuntamientos a colocar la bandera en su sitio de representación, a ejercer su función de símbolo, el ministro de Justicia proclamó el auténtico sentido moderno del poder del déspota: la arbitrariedad, la producción de incertidumbre para gestionarla discrecionalmente, como árbitro de sentimientos y derechos. Dice pues el ministro: “lo que hay intentar es que las banderas se compartan”, “que por ser sensible y complejo para muchos ciudadanos” debe ser tratado “con el cuidado que hay que tratarlo, y no pretender desenterrar otra vez la guerra de las banderas”. No aplicar lo acordado, la ley, sino restaurar la discusión. Compartir -de la cosecha inapelable de la solidaridad- como valor supremo que implica igualdad y transacción permanente. Ofrece al ciudadano un engañoso sentimiento de ser partícipe de lo público. Un compartir que permite integrar al mismo pirómano de efigies del monarca, partido que suscribe resoluciones parlamentarias coherentemente solidarias con la nueva doctrina política: “El Parlamento catalán manifiesta que el futuro del pueblo catalán será el que éste se proponga de manera democrática, pacífica y constructiva. En este sentido, como país que ha sufrido la persecución de sus símbolos nacionales, el Parlamento hace un llamamiento a respetar los símbolos institucionales. Al mismo tiempo expresa la necesidad de que la respuesta a estos hechos por parte de las instancias judiciales, mediáticas y políticas no sea desproporcionada.” (reciente Resolución del Parlamento catalán a propósito de la quema de las fotos del Rey).

(Robert Rauschenberg, American Flag)

Pero “no se puede sustituir la voluntad política por la piedad", como avisó Alain Badiou, so pena de volverse injusticia hacia la mayoría. El consenso laxo que se predica como regente de la vida pública es un mecanismo insaciable, siempre abierto y de interpretación esquiva que sustituye al consenso institucional sancionado por la ley. Un consenso dirigido por el poder del momento en vez de obtenido por procedimientos previamente acordados entre todos. (A su vez, la seguridad que permite el proceso establecido por normas es también conculcada). Un consenso arbitrario, por tanto, e incierto por no estar sujeto a proceso conocido, objetivo… y compartido. La ley no sólo supera la subjetividad del juicio respecto a una determinada organización o situación social, sino también la arbitrariedad para aplicarla.

Los sentimientos no se negocian ni la bandera los representa (otra cosa es “sentirla”). No son los sentimientos ni los pueblos –los dos grandes chantajes del poder- los que están en juego sino los símbolos del Estado, que los abstrae y neutraliza. Símbolos que, una vez fijados, se instalan para que sentimientos, pueblo y solidaridad dejen paso al ciudadano.