Urbanismo de socorrista.

(Le Corbusier, 'Palace of Soviets')

Empieza la sucesión de golpes de pecho por lo que los palmeros de ayer empiezan a llamar hoy ‘deriva confederal’. Al ‘no es esto, no es esto...lo que creí votar’ de Guerra se adelantó Enrique Gil Calvo, quien afirma en su pedernal de ‘El País’ (3 abril): “Hay que detener la actual deriva del modelo autonómico, que se precipita hacia el confederalismo por el goteo de concesiones bilaterales a la voracidad periférica. Y sobre todo necesitamos pactar la reforma del artículo 148/1/3ª de la Constitución para que el Estado central recupere las competencias de ordenación territorial y urbanística, como única forma de evitar que el cáncer de Marbella extienda su incontrolada metástasis por todos los municipios destruyendo el suelo español.”

Ha hecho falta Marbella, de un partido rival aunque con capacidad de abducción a algún propio, para que se asuste la conciencia antaño jacobina de los 80 y mudable por décadas. Para darle cuerpo al reclamo, se apuntan otros escándalos urbanísticos que justificarían el trabajo de orfebrería de engarzar las joyas que se van cayendo del neceser de lo plural. Aparecen en fila india Murcia, Valencia, pueblos canarios y pirenaicos de gobierno del rival, donde el urbanismo descentralizado hace estragos en la ordenación del territorio.

El enemigo se convierte en fuente inagotable de legitimación de la dispersión, por su contumacia centralista, y de la subsiguiente concentración, por su vocación depredadora. Depredator en la jaula de los jabalíes con el fotógrafo de la peluca filmando su propia mudanza como socorrista de ocasión.

¿Debe el gobierno dialogar con las mafias urbanísticas?

Entre las encuestas digitales (dirigidas) aún activas de El País, las dos más populares son:
Terrorismo, ¿Debe el Gobierno dialogar con ETA? 7.432 respuestas: 60% sí; 38%, no.
Fin de ETA, ¿Puede pagarse algún precio por el fin del terrorismo de ETA? 5.897 respuestas: 46% sí; 50%, no.

Las fases son diálogo, es decir, negociación, y pacto, es decir, cesión. El objetivo, la paz, o sea, la garantía de seguridad para el gobernado. El criterio que rige esas iniciativas políticas es la utilidad, no ningún principio ético –con su traducción jurídica- ni democrático, es decir, informador y organizador del Estado de derecho. Utilidad para conseguir la seguridad que, junto al bienestar económico, son los objetivos del ciudadano y sus guías de sumisión.

Aplicando el mismo criterio, objetivos y procedimiento para conseguirlos, manteniendo constante el supuesto externo (por comprobado) de los anhelos del ciudadano, ¿se puede objetar la primera pregunta?

El bienestar económico que produce el desarrollo urbanístico dirigido por esas redes de constructores, más la seguridad jurídica e inversora que daría la legalización de esas mafias, son logros que hacen necesario plantearse la conveniencia de dialogar con ellas. El sentido de la oportunidad y de la utilidad gobierna por encima de la política democrática hasta suplirla por una instrumental.

A esto se une la proliferación de organismos públicos que intervienen en el urbanismo, derivada de la transferencia de competencias a lo regional y municipal, lo que deja al gobierno central la competencia residual pero exclusiva de hablar, escuchar y negociar todas las propuestas, vengan de donde vengan si vienen en son de paz.Por lo tanto, más directamente: ¿Debe el gobierno negociar con las mafias urbanísticas?