Por qué no se debe negociar con ETA

(JONATHAN MONK, 'KISS ALIVE', 1993)

1. Hay cinco rasgos (al menos) del proceso de paz por los que el gobierno otorga condición política a ETA antes de su liquidación y que, a la vez, suponen una dejación de funciones propias del Estado (y de alguna competencia básica):

a) el reconocimiento como interlocutor;
b) la equiparación Estado-banda mediante el diálogo. El diálogo iguala y lo ha dicho muy bien Patxi López: “habrá que reconocer razones al adversario” (porque le son propias);
c) la apertura de mecanismos extra democráticos y neutralizadores de las instituciones, como son las Mesas paralelas;
d) la negociación de la violencia, competencia fundacional del Estado moderno. Aunque el gobierno exija la condena de la violencia y su renuncia al ejercicio futuro, en la negociación antes de la disolución hay un reconocimiento de la trayectoria política de ETA;
e) (y principal) si hubiera sido una organización terrorista de derecha no se hubiera abierto proceso de negociación alguno, ni siquiera de diálogo, con ella. No hay precedente en España ni en Europa occidental de tal cosa. El límite del Estado por la derecha está bien sellado. Cierta bula de la izquierda también está acreditada.

2. Condena de la violencia: a la violencia pasada no se puede renunciar; se asume una vez cometida y sólo se amortiza con la aplicación de la ley y la negación de su utilidad por el rechazo tanto social como de los poderes del Estado. A la violencia futura se renuncia si la banda tiene voluntad de convertirse en una fuera política legal. Pero la misma exigencia de condena de la violencia como pasaporte legal implica el reconocimiento del ejercicio compartido de la violencia entre Estado y banda terrorista, con la consiguiente y ya dicha renuncia del primero a su monopolio. Tal condena no es la cuestión, sino la naturaleza y justificación misma del proceso de paz.

3. No puede haber premios al usurpador de competencias estatales, sea terrorista, mafioso, agente urbanizador o chaletero ilegal. No los puede haber en el plano de igualdad que implicaría el reconocimiento de la actuación del ilegal como poder fáctico. Sí puede haberlos como medidas de gracia, porque implican:
a) recuerdo de jerarquía y primacía del Estado en la asunción y ejercicio de sus competencias a través de leyes e instituciones. En el caso de la violencia, esa primacía es exclusividad del Estado.
b) seguridad jurídica para el ciudadano;
c) negar expectativas de negocio político a los aventureros y, sobre todo, a sus rentistas y herederos;
d) límites de la acción estatal: el Estado no puede desbordar sus competencias sin modificar previamente las reglas de juego. Esto, a su vez, supone garantías jurídicas para el ciudadano. Y para su misma existencia, ya que si el Estado pudiera hacer todo, seríamos todos y nosotros no seríamos nada. (Esto último es ya otra historia).

(Fotografía de Teun HOCKS, 2003)
4. Política y azar: La responsabilidad del gobierno consiste en cumplir sus obligaciones (el ejercicio de sus funciones): hoy se puede comprobar la condición residual del Estado en Cataluña –sancionada por su presidente- y País Vasco como consecuencia de la renuncia–aunque sea temporal- a alguna de sus competencias. Con ello introduce la incertidumbre en la acción de gobierno ya que cualquiera tiene derecho al diálogo. El azar disuelve la política.

5. Seguridad pública: se argumenta a favor del proceso que salvar una sola vida vale la pena el experimento, lo que es -además de melodramático y usurpador de valores no cotizables como el dolor ajeno- una falacia porque el siguiente asesinato de ETA supondría su anulación política durante una larga temporada. Otra vez hay que recordar que la seguridad ciudadana se garantiza a través de los medios propios del Estado –leyes, policía y, especialmente, presencia y ejercicio normal y sin complejos de las instituciones- y no por suplentes como el diálogo con quien se sitúa fuera del sistema ni el chantaje emocional por parte de su gestor.

Cuando la guía de actuación de un gobierno (no sólo el central) es el diálogo con quien lo pide sin acreditar antes título legítimo de interlocutor, la transferencia de competencias a grupos de presión violentos está servida. El resultado podría ser convalidar la influencia de organizaciones mafiosas. El precedente italiano acredita este riesgo.

Es muy probable que el proceso de paz tenga un final feliz, lo que supondrá un éxito rotundo para el gobierno, su partido y su cultura política, pero no para el Estado.