Tutela sexual

(John Baldessari, HAND AND CHIN (WITH ENTWINED HANDS), 1991)

El estudio encargado por el Instituto de la Mujer distingue entre acoso sexual declarado y técnico, que sería equivalente a expreso y tácito en términos jurídicos. A su vez define el acoso sexual técnico como el sufrido por la mujer sin percibirlo como tal; es decir, el percibido por los otros, por sus representantes, por los rentistas del mal ajeno, desde organismos oficiales protectores hasta jueces, asociaciones feministas del ramo y creadores de opinión pública.

En ese concepto de acoso sexual técnico -mal nombrado, por otra parte- radica la naturaleza de la actual protección legal de la mujer, al exceder su capacidad de percibir el acoso, de sentirse dañada. En ese momento deja de ser sujeto de derecho –ahora, al igual que los hombres- y se convierte en objeto de protección, en especie ‘especialmente’ protegida, por encima de ella, con o sin su voluntad. Con esta tipificación se mantiene su condición histórica de menor al impartirse conductas sociales en su nombre.

Y otra evidencia no menos importante, por seguir en la línea de una crítica clásica al modelo patriarcal: el acoso sexual no sentido por ella pero percibido, administrado y racionado por terceros es la vieja tutela sexual del hombre –ahora del Estado- sobre la mujer, a través de la regulación del piropo como medio de seducción y, por tanto, emparejamiento. Tutela que es, a su vez, una muestra de control indirecto de la natalidad como objetivo tácito de una sociedad –la occidental- decadente como civilización.

El complejo de huérfano ideológico que invade con vértigo a organismo públicos y consultoras delegadas a la hora de abordar terrenos imprecisos les hace recurrir a textos sagrados que les eviten el rigor en su trabajo y los exculpen de posibles críticas. Y aquí aparece Europa, radiante con sus Directivas. Primera evidencia del disparate: Directivas y no Reglamentos orientan, que no regulan, el imposible acoso sexual técnico (‘arbitrario’ hubiera sido más adecuado definirlo)

La vigencia de varias Directivas comunitarias reguladoras -directas e indirectas- de esta materia, no proporciona –en contra de lo que a veces se aduce- base jurídica suficiente para tal tipificación, pero sí –y es lo que cuenta- base ideológica, es decir, fuente de exculpación. Y no son base jurídica porque la naturaleza de las Directivas UE impide su aplicación directa en los Estados miembros, luego sólo son fuente legal al trasponerse al derecho nacional mediante leyes específicas. Que, como era previsible en el caso de países latinos y en materia social y de ‘derechos humanos’, van más allá de los objetivos enunciados por las normas europeas. Así, la Directiva 2002/73/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, declara como objetivo principal: “incluir definiciones en línea con dichas Directivas [Directiva 76/207/CEE y Directiva 2000/78/CE] por lo que al sexo se refiere”.

Y define, en su art.1.2.2, el acoso sexual como una forma de discriminación que “se prohibirá” (art.1.2.3): “la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. También define el acoso a secas, de un modo redundante, quizá llevada por la obsesión del represor: “la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. Y en uno de los motivos del nacimiento de esta Directiva, la definición de la discriminación indirecta, hasta entonces en el limbo, aparece una vía para la arbitrariedad jurídica: “la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.

El objetivo de la prohibición y la encomienda a los países de su regulación de oficio es misión imposible que denota el desvarío propio del exceso cometido con inseguridad: se prohibe el comportamiento, no se limita a sancionar y perseguir el delito. No consta norma alguna, fuera de los Mandamientos, que prohiba actos humanos como el asesinato o el robo o instintos como la lujuria. Pero ahora sí se quiere suprimir alguna forma de seducción como el piropo, lo que demuestra de paso la necesidad de sagrado que tiene toda sociedad laica.

(Gunter Brus, 'Diamond Cuter', 1982)