La privatización de la violencia.

Un editorial de El País da una vez más en el clavo de la disolución del monopolio estatal de la violencia, con Hobbes levantando perplejo una punta de su lápida para declararse en cierre por liquidación: “La privatización de la seguridad es una inquietante tendencia al alza, reforzada sobre todo desde el 11-S. No es novedad que los servicios secretos en muchos países acudan a especialistas privados en busca de información confidencial remunerada. Lo que sí es nuevo, en el caso de organizaciones como el FBI o la CIA, es que lo hagan por falta de capacidad. (...)”.

No se trata, por tanto, de una devolución del uso público de la fuerza por parte del Estado al individuo, sino de la privatización de la competencia y de sus gestores públicos, bien por ‘falta de capacidad’ en el caso de la CIA y el FBI, bien por reparto territorial del poder disfrazado de utilidad –consecución de la paz- en el caso de la negociación con ETA. El origen del fenómeno en el amigo americano aporta un viso de modernidad a la operación de nuestro presidente, cuya nueva distribución del poder político va acompañada de una concentración del social en sectores vecinos.

(Piotr Uklanski, The Nazis (detail), 1998)

La dimisión del Estado es galopante: “El proceso es incesante ante el aumento de la inseguridad. Hoy, muchas empresas, directivos o políticos están protegidos por servicios privados porque el Estado, entendido en un sentido amplio, no da abasto o se retira. En buena parte está perdiendo esa cualidad central que le atribuyera Max Weber como depositario del monopolio de la fuerza física legítima dentro de su territorio.”

Y se extiende a la responsabilidad del Estado en la reinserción social, es decir, en la administración de la culpa colectiva: ”Incluso no deja de crecer el número de cárceles privadas en muchos países occidentales.” Con el añadido del ejército y la guerra de Irak como nuevos territorios donde campan estos desmanes: “A la vez, la profesionalización de los ejércitos y la complejidad de los armamentos han aumentado el coste de formación y utilización de soldados, con lo que las Fuerzas Armadas acuden a empresas para suplir sus carencias. Se calcula que entre un 10% y un 20% de la actividad militar estadounidense en Irak está en manos privadas, lo que constituye un pingüe negocio para las firmas implicadas, además de una alteración de las reglas de la guerra. (...)”

La impugnación de este proceso por el editorial de un medio tan solvente no sólo es necesaria sino que será un precedente a aplicar a fenómenos paralelos, como la negociación de un gobierno democrático con banda armada. Porque limitar la maldad de esta privatización a los cuatro jinetes oficiales del Apocalipsis –CIA/FBI, ejércitos, guerra de Irak y cárceles privadas- sería una visión parcial y sesgada de la jugada que invalidaría este recurso a la totalidad.

Hay una tabla de salvación y consuelo en la moraleja final: “La separación entre lo público y lo privado se difumina, así, en cuestiones esenciales, lo que hace necesario recuperar el sentido de lo público y en cualquier caso establecer límites y regulaciones claras para esas actividades.” Recuperar el sentido de lo público, ahí está la cuestión, Hamlet. Salvador de Madariaga decía que "Hamlet era incapaz de ser, ésa es la verdadera tragedia del príncipe..."